Nueva York quiere acabar con el VIH. Pero ¿está escuchando a quienes más necesitan protección?

La ciudad avanza en nuevas estrategias de prevención mientras las trabajadoras sexuales, las personas trans y las comunidades migrantes siguen reclamando un lugar en las decisiones. Una reciente discusión sobre salud pública, criminalización y representación deja al descubierto una pregunta incómoda: ¿de qué sirve ampliar los servicios si quienes más los necesitan siguen enfrentando barreras para acceder a ellos?

Por Liaam Winslet | New York | Octubre 2026

En Nueva York, hacerse una prueba de VIH puede ser tan sencillo como recibir un kit gratuito y utilizarlo en la privacidad del hogar. Pero para muchas personas, especialmente aquellas que han vivido discriminación, que no dominan el inglés o que desconfían de las instituciones, cuidar de su salud sigue siendo mucho más complicado.

El problema no siempre es la falta de servicios. A veces es el miedo a ser juzgada. Otras veces es no encontrar a alguien que hable tu idioma, que comprenda tu identidad o que te trate con respeto. Y en ocasiones es algo todavía más difícil de resolver: sentir que las instituciones toman decisiones sobre tu vida sin haberte preguntado qué necesitas.

Esa distancia entre las políticas públicas y la vida cotidiana de las comunidades estuvo presente en una reunión celebrada el 15 de octubre, donde se discutieron el futuro de las pruebas autoadministradas de VIH, las leyes relacionadas con el trabajo sexual y las estrategias policiales implementadas en distintos sectores de Nueva York.

Lo que podría parecer una conversación técnica sobre programas, presupuestos y procedimientos administrativos reveló una preocupación mucho más profunda: la ciudad ha avanzado en reconocer determinadas desigualdades, pero todavía enfrenta dificultades para transformar ese reconocimiento en respuestas que lleguen a todas las personas.

Y para quienes trabajan diariamente acompañando a comunidades trans, migrantes y trabajadoras sexuales, esa diferencia importa.

Una prueba puede cambiar una vida. Pero no siempre es suficiente.

Durante los últimos años, Nueva York ha buscado acercar las pruebas de VIH a personas que, por diferentes razones, no suelen acudir a una clínica.

El programa de distribución gratuita de pruebas autoadministradas ha trabajado con aproximadamente 46 organizaciones en los cinco distritos de la ciudad. Según los datos compartidos durante la reunión, desde abril de 2020 se habían distribuido cerca de 19,600 pruebas o códigos para obtenerlas, hasta septiembre del período evaluado.

Los resultados presentados fueron alentadores. Muchas personas valoraron la posibilidad de hacerse una prueba sin solicitar una cita, desplazarse hasta un centro médico o explicar a otras personas por qué necesitaban el servicio.

Para alguien que teme ser discriminade por su identidad de género, su orientación sexual o su situación personal, esa privacidad puede representar una diferencia importante.

Pero también surgió una preocupación: el programa no cuenta con información rutinaria suficientemente completa para conocer qué sucede después de que una persona obtiene un resultado reactivo.

¿Consiguió hacerse una prueba confirmatoria? ¿Pudo hablar con un profesional de salud? ¿Recibió orientación? ¿Logró acceder a tratamiento?

Son preguntas que no deberían quedar sin respuesta.

Una prueba puede ser el comienzo de una atención médica oportuna, pero no sustituye el acompañamiento humano. Tampoco elimina las desigualdades que pueden impedir que una persona continúe recibiendo atención.

El Departamento de Salud de Nueva York reconoce que las pruebas de VIH deben formar parte de una estrategia más amplia de prevención y acceso al tratamiento. La ciudad mantiene servicios gratuitos o de bajo costo, incluidos programas comunitarios de pruebas en el hogar.

La revisión del programa prevista para 2026 representa una oportunidad para corregir algunas de estas limitaciones. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la continuidad de las organizaciones participantes, que deberán volver a solicitar su incorporación a la nueva iniciativa.

En una ciudad donde las relaciones de confianza pueden tardar años en construirse, preservar el trabajo de las organizaciones comunitarias debería formar parte de cualquier proceso de modernización.

Liaam Winslet y el valor de quienes conocen la realidad desde la comunidad

En Jackson Heights, Queens, la discusión sobre el acceso a la salud tiene una dimensión que va mucho más allá de las estadísticas.

Liaam Winslet, directora ejecutiva de Colectivo Intercultrual TRANSgrediendo, forma parte de un liderazgo comunitario que trabaja directamente con personas trans, migrantes, trabajadoras sexuales y otras poblaciones que históricamente han tenido que luchar para encontrar espacios seguros y servicios adecuados a sus necesidades.

Su trayectoria como activista trans latina y defensora de los derechos humanos aporta una perspectiva relevante a las conversaciones sobre salud pública y representación.

En organizaciones como CITG, las necesidades de la comunidad rara vez llegan separadas. Una persona puede acercarse buscando una prueba de VIH y, durante la misma visita, necesitar alimentos, orientación, apoyo emocional o información sobre sus derechos.

Esa realidad obliga a mirar la salud desde una perspectiva más amplia.

Durante la reunión de octubre, representantes comunitarios expresaron preocupaciones sobre la falta de preservativos, las barreras lingüísticas y la limitada presencia de trabajadoras sexuales en posiciones de liderazgo.

También reclamaron una participación más directa de las comunidades latinas en los espacios de diálogo con las autoridades sanitarias.

Son preocupaciones que reflejan el tipo de desafíos que organizaciones como CITG enfrentan en su trabajo cotidiano.

La experiencia de quienes acompañan a estas comunidades resulta fundamental porque permite reconocer problemas que difícilmente aparecen en una hoja de cálculo: personas que evitan acudir a una institución por temor a ser discriminadas, dificultades para comprender información médica o la necesidad de encontrar servicios que respeten la identidad y las decisiones de cada individuo.

Pero la experiencia comunitaria también plantea una exigencia a las instituciones. No basta con invitar a una organización a una reunión para afirmar que existe participación. La inclusión adquiere verdadero significado cuando las comunidades tienen oportunidades reales de influir en las prioridades, los recursos y las decisiones.

En ese debate, liderazgos como el de Winslet ayudan a situar una cuestión esencial en el centro de la conversación: las personas directamente afectadas por una política pública deben tener un papel significativo en su construcción.

Roosevelt Avenue: cuando la seguridad y los derechos entran en conflicto

A pocas calles de muchos de los espacios donde las organizaciones comunitarias brindan servicios, Roosevelt Avenue se ha convertido en uno de los escenarios más visibles del debate sobre trabajo sexual, migración y seguridad pública.

La operación Restore Roosevelt movilizó a distintas agencias de la ciudad en intervenciones relacionadas con presuntas actividades de prostitución, trata de personas, establecimientos ilegales, vendedores y problemas de orden público.

Para parte de la comunidad, las acciones policiales respondían a preocupaciones legítimas sobre seguridad y condiciones de convivencia.

Para otras personas, especialmente activistas y defensoras de los derechos de las trabajadoras sexuales, la estrategia despertó inquietudes sobre el impacto que una mayor presencia policial podría tener en poblaciones que ya enfrentan discriminación y precariedad.

Las preocupaciones de ambos sectores merecen ser examinadas con seriedad.

Los residentes tienen derecho a vivir en vecindarios seguros. Las víctimas de trata necesitan protección efectiva. Y las personas trabajadoras sexuales también tienen derecho a la seguridad, a la atención médica y a no sufrir discriminación.

El desafío aparece cuando estas necesidades se presentan como si fueran incompatibles.

Durante la reunión se discutieron alternativas a las respuestas centradas en la criminalización, incluyendo programas de salud, investigación, capacitación y servicios comunitarios.

Sin embargo, muchas de estas propuestas todavía no habían llegado a una etapa de implementación clara.

La pregunta, entonces, sigue abierta: ¿cómo puede la ciudad responder a los problemas de seguridad sin aumentar las dificultades que enfrentan las personas más vulnerables?

No existe una respuesta sencilla. Pero cualquier estrategia que aspire a ser sostenible necesita escuchar tanto a los residentes como a las personas directamente afectadas por las intervenciones.

El trabajo sexual no puede discutirse sin las trabajadoras sexuales

Nueva York lleva años debatiendo cómo deben cambiar las leyes relacionadas con el trabajo sexual.

La derogación de la antigua disposición que permitía detener a personas por permanecer en espacios públicos bajo sospechas de prostitución fue un paso significativo, especialmente después de las críticas por su aplicación desproporcionada contra mujeres trans de color.

Pero los cambios legales no eliminan automáticamente las desigualdades.

Durante la reunión se señaló que, pese a una disminución general de arrestos y procesamientos, persisten diferencias relacionadas con la raza, el origen étnico y determinados vecindarios.

Al mismo tiempo, continúan las discusiones sobre propuestas legislativas que abordan la despenalización, las sanciones a compradores de servicios sexuales y la eliminación de antecedentes.

Una de ellas es la denominada Cecilia's Act for Rights in the Sex Trades, presentada en el Senado estatal y todavía en comité según el registro legislativo consultado.

NYSenate.gov

No todas las propuestas parten de la misma visión sobre el trabajo sexual. Algunas buscan eliminar las sanciones para quienes venden servicios sexuales, pero mantenerlas para quienes compran. Otras plantean cambios más amplios.

Lo que sí debería ser un punto de partida es la necesidad de distinguir el trabajo sexual consensuado entre personas adultas de la trata y la explotación.

Reconocer esa diferencia no significa minimizar la violencia ni ignorar situaciones de abuso. Significa comprender que problemas distintos requieren respuestas distintas.

Y, sobre todo, significa que las personas trabajadoras sexuales deben poder participar en las conversaciones donde se discuten sus derechos, su seguridad y su futuro.

Hablar sobre ellas sin escucharlas reproduce precisamente una de las exclusiones que las políticas públicas deberían ayudar a superar.

Las promesas de cambio y los obstáculos para cumplirlas

Durante la reunión también se recordó el trabajo de un grupo municipal que había examinado las necesidades de las personas trabajadoras sexuales.

Sus recomendaciones incluían mejores oportunidades de empleo, acceso a vivienda, servicios de salud, educación, capacitación de intérpretes y apoyo económico a iniciativas comunitarias.

Sin embargo, según lo discutido, muchas de esas recomendaciones no han recibido suficiente respaldo administrativo.

La ciudad cuenta además con una propuesta legislativa para establecer un Sex Worker Opportunity Program, que contempla subvenciones a organizaciones comunitarias, protecciones frente a la discriminación en vivienda, garantías de privacidad y mecanismos de supervisión de prácticas laborales.

Es una propuesta que merece atención porque reconoce que las necesidades de las personas trabajadoras sexuales no se resuelven exclusivamente mediante intervenciones policiales.

La vivienda, el empleo, la privacidad y la posibilidad de acudir a servicios sin sufrir discriminación también forman parte de la seguridad.

Pero entre reconocer una necesidad y responder a ella existe una distancia que puede prolongarse durante años.

Para las comunidades que esperan soluciones, cada retraso tiene consecuencias. Las dificultades para encontrar vivienda no desaparecen mientras se estudia una propuesta. La necesidad de atención médica tampoco espera a que se apruebe un presupuesto.

La lentitud institucional tiene un costo que no siempre aparece reflejado en los informes oficiales.

La representación no debería ser un gesto simbólico

Uno de los reclamos más importantes de la reunión fue la necesidad de que las personas trabajadoras sexuales, especialmente las latinas, participen directamente en los espacios donde se diseñan las políticas sanitarias.

También se señaló la insuficiencia de recursos básicos de prevención y la necesidad de mejorar los servicios en diferentes idiomas.

Son demandas que pueden parecer pequeñas frente a las grandes discusiones legislativas. Pero para alguien que necesita preservativos, orientación médica o información en español, pueden marcar la diferencia entre acceder a un servicio o quedarse sin él.

La representación comunitaria tampoco debería depender únicamente de la buena voluntad de una institución.

Necesita estructuras claras, oportunidades de liderazgo, recursos y mecanismos de participación que permitan a las personas expresar sus preocupaciones sin temor a ser ignoradas.

Escuchar a una trabajadora sexual no significa convertir su experiencia en una historia conmovedora para presentar durante una conferencia.

Significa reconocer que esa experiencia contiene información valiosa para construir políticas más eficaces.

Y significa aceptar que las personas que han vivido las consecuencias de determinadas decisiones pueden identificar problemas que quienes diseñan esas políticas desde una oficina quizá no alcanzan a comprender.

El futuro de la prevención también depende de la confianza

En junio de 2026, el Departamento de Salud de Nueva York promovió una campaña para ampliar el conocimiento sobre sus clínicas de salud sexual, recordando que sus servicios están disponibles independientemente del estatus migratorio, la identidad de género o la capacidad económica de las personas.

Es una iniciativa importante.

Pero la disponibilidad de un servicio no garantiza que todas las personas se sientan seguras al utilizarlo.

La confianza se construye cuando una persona recibe información clara, cuando su identidad es respetada, cuando encuentra atención en su idioma y cuando sabe que su privacidad será protegida.

También se construye mediante organizaciones comunitarias que han acompañado a sus poblaciones durante años, incluso en momentos en que los recursos han sido insuficientes.

Por eso, cualquier revisión de los programas de VIH debería considerar no solamente cuántas pruebas se distribuyen, sino también qué sucede después, quiénes reciben acompañamiento y qué obstáculos siguen impidiendo el acceso a la atención.

Los números permiten medir una parte del trabajo. Las experiencias humanas ayudan a comprender lo que esos números no cuentan.

La ciudad que Nueva York todavía puede construir

Nueva York tiene una historia extraordinaria de movilización comunitaria frente al VIH, la discriminación y la exclusión.

Muchos de los avances que hoy parecen parte natural de la salud pública fueron impulsados por personas que se organizaron, protestaron y exigieron cambios cuando sus necesidades no eran consideradas prioritarias.

Esa historia sigue teniendo relevancia.

Las conversaciones sobre pruebas de VIH, trabajo sexual, vigilancia policial y participación comunitaria no son debates separados. Todas plantean, desde distintos ángulos, una misma pregunta: ¿qué significa realmente proteger a una comunidad?

Proteger no consiste solamente en ofrecer servicios o aumentar la presencia institucional. También implica escuchar, reconocer derechos, reducir barreras y garantizar que las personas puedan tomar decisiones sobre sus propias vidas.

Para las comunidades trans, migrantes y trabajadoras sexuales, el acceso a la salud no debería depender de cuánto dinero tienen, qué idioma hablan, cómo se identifican o a qué se dedican.

Y para una ciudad que aspira a ser referente en derechos humanos y salud pública, la participación de esas comunidades no debería ser una concesión extraordinaria.

Debería ser parte esencial de su manera de gobernar.

Porque al final, detrás de cada cifra sobre pruebas de VIH, de cada propuesta legislativa y de cada discusión sobre seguridad, hay personas que intentan vivir con dignidad.

Personas que necesitan atención médica, que buscan estabilidad, que quieren sentirse seguras en sus vecindarios y que merecen ser escuchadas.

Nueva York no necesita únicamente mejores políticas para las comunidades más vulnerabilizadas. Necesita construir esas políticas con ellas.

Y quizás ese sea el cambio más importante que todavía tiene pendiente.