La violencia detrás de la promesa de protección: la realidad de las trabajadoras sexuales en Nueva York

En la segunda parte de este análisis sobre las políticas públicas, el VIH y los derechos de las personas trabajadoras sexuales, las voces comunitarias de Queens exponen una contradicción cada vez más difícil de ignorar: mientras las instituciones hablan de seguridad, quienes enfrentan las consecuencias de sus intervenciones denuncian mayor vulnerabilidad, barreras sanitarias y una profunda falta de protección.

Por Liaam Wsinlet | New York | Octubre de 2026

En Roosevelt Avenue, en el corazón de Queens, la seguridad tiene significados distintos dependiendo de quién la describa.

Para las autoridades, puede traducirse en operativos policiales, inspecciones, arrestos y clausuras de establecimientos. Para una persona migrante que ejerce el trabajo sexual, puede significar algo mucho más elemental: regresar a casa sin haber sufrido una agresión, acceder a atención médica sin ser juzgada, conservar sus ingresos o poder denunciar un delito sin temor a terminar detenida.

Entre ambas concepciones existe una distancia que las políticas públicas de Nueva York todavía no han logrado resolver.

Esa contradicción ocupó un lugar central en una discusión sobre salud, seguridad y derechos de las personas trabajadoras sexuales, en la que representantes comunitarios, defensores legales y participantes vinculados al trabajo de alcance territorial examinaron las consecuencias de las intervenciones institucionales sobre comunidades migrantes, transgénero, queer y de la diáspora asiática.

Los testimonios describieron una realidad compleja: personas que enfrentan violencia y precariedad económica mientras encuentran obstáculos para acceder a servicios de prevención del VIH, atención médica culturalmente competente y mecanismos de protección jurídica.

Pero, más allá de las denuncias individuales, la conversación dejó al descubierto un problema estructural: la persistencia de respuestas institucionales que privilegian el control y la vigilancia, sin demostrar necesariamente que esas estrategias estén mejorando las condiciones de seguridad de las poblaciones afectadas.

La cuestión central ya no es únicamente cómo responde Nueva York al trabajo sexual. Es si las políticas que se presentan como instrumentos de protección están escuchando a las personas a quienes dicen proteger.

Una discusión que va más allá de la salud pública

Este reportaje constituye la segunda entrega de una reflexión más amplia sobre gobernanza, prevención del VIH y políticas relacionadas con el trabajo sexual.

Si la primera parte examinó la responsabilidad de las instituciones en la construcción de respuestas sanitarias y políticas más inclusivas, esta segunda entrega traslada la discusión al territorio: a las calles, los establecimientos y los espacios comunitarios donde las decisiones gubernamentales producen consecuencias concretas.

Porque las políticas públicas no existen únicamente en documentos legislativos, presupuestos o declaraciones oficiales. Sus efectos se manifiestan en la vida cotidiana de las personas.

Una intervención policial puede alterar una fuente de ingresos. Una detención puede desencadenar incertidumbre migratoria. La ausencia de preservativos puede dificultar la prevención. Una experiencia discriminatoria en una clínica puede hacer que alguien posponga una consulta médica.

Ninguna de estas situaciones puede analizarse de manera aislada.

La salud, la seguridad, la vivienda, la estabilidad económica y la protección jurídica están profundamente relacionadas. Cuando una de estas dimensiones se deteriora, las demás pueden verse comprometidas.

Este enfoque resulta especialmente relevante para las personas trabajadoras sexuales migrantes y transgénero, cuyas experiencias suelen quedar fuera de las discusiones institucionales que pretenden definir sus necesidades.

Roosevelt Avenue y los límites de una estrategia policial

Desde el otoño de 2024, el corredor de Roosevelt Avenue ha sido escenario de la iniciativa conocida como Operation Restore Roosevelt, una operación interinstitucional de aplicación de la ley que ha generado cuestionamientos entre organizaciones comunitarias.

Durante el encuentro, participantes denunciaron que los operativos continúan y que, pese a las afirmaciones sobre una disminución de las detenciones relacionadas con el trabajo sexual, integrantes de organizaciones de alcance comunitario siguen observando arrestos, incluso durante las primeras horas del día.

También describieron robos, amenazas con armas de fuego, vandalismo y daños materiales que afectan a personas que viven o trabajan en la zona.

Estas declaraciones no constituyen, por sí mismas, una evaluación independiente de la operación. Sin embargo, plantean preguntas que requieren respuestas públicas y verificables.

¿Cuáles son los indicadores utilizados para determinar que una intervención policial ha sido exitosa? ¿Se está midiendo únicamente la actividad de las agencias o también la seguridad de las personas afectadas? ¿Existen mecanismos para documentar posibles consecuencias negativas sobre las comunidades migrantes y trabajadoras sexuales?

El problema no reside en cuestionar la obligación del Estado de prevenir delitos o investigar situaciones de explotación. Esa responsabilidad es indiscutible.

El problema aparece cuando la aplicación de la ley se convierte en el principal instrumento de respuesta frente a realidades que también están atravesadas por la pobreza, la exclusión laboral, la discriminación y las barreras de acceso a servicios.

La persecución de actividades ilícitas y la protección de los derechos humanos no deberían presentarse como objetivos incompatibles. Por el contrario, una política pública legítima debe demostrar que puede cumplir ambas responsabilidades.

Sin esa evaluación, la seguridad corre el riesgo de convertirse en una promesa institucional cuya efectividad se mide desde las oficinas gubernamentales, pero no desde la experiencia de las personas que viven sus consecuencias.

Cuando la prevención del VIH depende de la capacidad de sobrevivir

Uno de los aspectos más preocupantes del encuentro fue la descripción de las dificultades que enfrentan las organizaciones comunitarias para garantizar recursos esenciales de salud sexual.

Participantes señalaron que una sola intervención de alcance comunitario puede requerir entre 300 y 400 preservativos. También subrayaron la necesidad de contar con diferentes tamaños y lubricantes adecuados, elementos fundamentales para una prevención efectiva.

La escasez de estos materiales fue presentada como una deficiencia de las respuestas institucionales y una carga desproporcionada para organizaciones que, con recursos limitados, sostienen programas de prevención dirigidos a poblaciones históricamente desatendidas.

Durante la discusión, una persona participante afirmó que seis colegas trabajadoras sexuales habían recibido recientemente diagnósticos positivos de VIH. Aunque el testimonio no permite establecer una tendencia epidemiológica ni verificar esos casos de manera independiente, su importancia radica en la preocupación que expresa sobre las condiciones de acceso a prevención y atención.

La respuesta institucional no debería limitarse a reconocer que existen riesgos. Debe garantizar los recursos necesarios para reducirlos.

La disponibilidad de preservativos, lubricantes, pruebas diagnósticas, información sobre PrEP y PEP, vacunación y servicios médicos confidenciales forma parte de una estrategia integral de salud pública.

Pero incluso la existencia de esos servicios resulta insuficiente cuando las personas no pueden utilizarlos de manera segura.

Una persona que teme ser identificada, estigmatizada o expuesta a consecuencias legales puede evitar revelar información relevante durante una consulta. Otra, que enfrenta necesidades económicas urgentes, puede encontrar dificultades para negociar condiciones de trabajo más seguras.

En ambos casos, la prevención deja de ser únicamente una cuestión de información médica y se convierte también en una cuestión de condiciones sociales.

No es posible construir una respuesta efectiva al VIH sin reconocer las circunstancias en las que las personas viven, trabajan y toman decisiones sobre sus cuerpos.

Esa realidad exige que las políticas de prevención incorporen a las organizaciones dirigidas por las propias comunidades, no solamente como canales de distribución, sino como participantes en la planificación y evaluación de los programas.

El derecho a recibir atención médica sin tener que justificar la propia existencia

La conversación también puso de manifiesto una tensión persistente entre las necesidades de las personas trabajadoras sexuales y las respuestas que reciben de determinados servicios de salud.

Según los participantes, algunas personas encuentran dificultades para hablar abiertamente sobre sus experiencias laborales, sus clientes o sus prácticas de prevención sin que sus relatos sean interpretados automáticamente desde categorías de explotación, coerción o trata.

La identificación de situaciones de trata es una responsabilidad fundamental de los sistemas de protección. Sin embargo, esa tarea exige evaluaciones individualizadas y profesionales capacitados, no presunciones generales basadas en la identidad o actividad de una persona.

Cuando el juicio moral reemplaza a la escucha clínica, la relación entre paciente y profesional puede deteriorarse.

Para las personas transgénero y migrantes, las barreras pueden ser aún mayores cuando se suman dificultades lingüísticas, discriminación por identidad de género, desconocimiento de sus realidades o temor a la divulgación de información personal.

Una atención verdaderamente culturalmente competente requiere mucho más que campañas institucionales de inclusión.

Requiere confidencialidad, interpretación adecuada, protocolos de consentimiento informado, personal capacitado y servicios diseñados a partir de las necesidades reales de las comunidades.

También requiere comprender que las personas trabajadoras sexuales no constituyen una población homogénea.

Sus experiencias varían según sus condiciones económicas, situación migratoria, identidad de género, redes de apoyo y circunstancias individuales.

Tratar a todas las personas desde una misma narrativa puede invisibilizar tanto a quienes necesitan protección frente a la explotación como a quienes reclaman reconocimiento de su autonomía.

El desafío consiste en garantizar que ambas realidades puedan ser atendidas sin sacrificar derechos.

El peso de una detención sobre la vida de una persona migrante

Las consecuencias de la criminalización fueron otro eje fundamental del encuentro.

Ryan Wall abordó las diferencias entre cargos relacionados con prostitución, promoción de la prostitución y permitir actividades de prostitución, así como las decisiones policiales y fiscales que pueden determinar el tratamiento judicial de una persona.

Según la discusión, ciertas acusaciones pueden limitar el acceso a alternativas judiciales disponibles en otros procedimientos.

Para las personas migrantes, estas diferencias adquieren una dimensión particularmente delicada.

Un arresto puede generar incertidumbre sobre el empleo, la vivienda, la situación migratoria y el futuro familiar. Las consecuencias concretas dependen de múltiples factores legales, pero la posibilidad de enfrentarlas puede producir un temor considerable incluso antes de que exista una resolución judicial.

Durante el panel, participantes afirmaron que las personas arrestadas en Queens eran, según sus observaciones, casi exclusivamente migrantes.

Se trata de una denuncia que debería contrastarse con información oficial desagregada, pero que merece atención por sus posibles implicaciones en materia de trato desigual.

La pregunta es si las prácticas de aplicación de la ley están afectando de manera desproporcionada a determinadas comunidades y, de ser así, qué mecanismos existen para identificar y corregir esos efectos.

La justicia no debería depender de la nacionalidad, el idioma o la capacidad económica de una persona para comprender y defender sus derechos.

Tampoco debería generar condiciones que desalienten a quienes han sufrido violencia a solicitar ayuda.

Una política que busca proteger a las personas frente al abuso necesita garantizar que puedan acudir a las instituciones sin enfrentar riesgos desproporcionados por hacerlo.

La contradicción entre combatir la trata y criminalizar la supervivencia

Las intervenciones justificadas como medidas contra la trata de personas también fueron objeto de fuertes cuestionamientos.

Participantes denunciaron que algunas redadas y clausuras se realizan mediante procedimientos que, lejos de ser percibidos como protección, son experimentados como intimidación y violencia.

Asimismo, señalaron que determinadas características de establecimientos, como la presencia de duchas o preservativos, habrían sido utilizadas en acciones administrativas de cierre.

Estas alegaciones requieren verificación documental y una respuesta de las agencias correspondientes. No obstante, evidencian la necesidad de establecer criterios transparentes que distingan entre condiciones de higiene, medidas de prevención y pruebas reales de posibles infracciones.

El combate contra la trata de personas requiere investigaciones rigurosas, identificación de situaciones de coerción, asistencia especializada y protección efectiva de las víctimas.

No debería confundirse automáticamente con la persecución indiscriminada de todas las personas vinculadas al trabajo sexual.

Esta distinción no minimiza la gravedad de la explotación. Por el contrario, permite concentrar los esfuerzos institucionales en identificarla y responder de manera adecuada.

También obliga a reconocer que algunas personas pueden encontrarse en circunstancias de vulnerabilidad económica sin que todas compartan la misma experiencia de coerción.

Las políticas públicas necesitan respuestas diferenciadas porque las realidades humanas son diferentes.

Las barreras económicas también son una forma de exclusión

Otro aspecto relevante del panel fue el acceso a licencias profesionales, particularmente en actividades relacionadas con servicios de masaje.

Participantes describieron requisitos educativos y lingüísticos que consideran difíciles de cumplir para muchas personas migrantes, incluyendo costos de formación elevados y exigencias de tiempo que pueden resultar incompatibles con la necesidad inmediata de generar ingresos.

Las cifras y condiciones mencionadas durante el encuentro deben verificarse con la normativa vigente antes de presentarlas como requisitos generales del estado.

Sin embargo, la preocupación expresada va más allá de un procedimiento administrativo específico.

Cuando una persona enfrenta barreras económicas, lingüísticas y documentales para acceder a oportunidades laborales formales, sus alternativas pueden reducirse considerablemente.

Si el objetivo institucional es ampliar la seguridad y disminuir la exposición a situaciones de explotación, resulta necesario evaluar también las condiciones que limitan la movilidad económica.

La capacitación accesible, el reconocimiento de experiencias previas, los servicios de interpretación y las oportunidades laborales inclusivas deberían formar parte de esa discusión.

No basta con exigir que las personas encuentren alternativas económicas si las instituciones no examinan los obstáculos que dificultan acceder a ellas.

Escuchar a las comunidades no es una concesión institucional

Uno de los planteamientos más significativos del encuentro fue la exigencia de una relación distinta entre el gobierno, las organizaciones sociales y las comunidades directamente afectadas.

Los participantes pidieron que las agencias públicas y las organizaciones que ofrecen servicios visiten Queens, conozcan los espacios liderados por personas transgénero y trabajadoras sexuales, y escuchen las experiencias de quienes enfrentan diariamente las consecuencias de las decisiones institucionales.

Este reclamo plantea una cuestión de legitimidad democrática.

Las personas directamente afectadas por una política deben contar con oportunidades reales de participar en su formulación, implementación y evaluación.

Su presencia no debería limitarse a consultas simbólicas, fotografías institucionales o intervenciones ocasionales en eventos públicos.

La participación significativa implica reconocer que el conocimiento comunitario también constituye una fuente de evidencia.

Las organizaciones de base suelen identificar necesidades antes de que aparezcan reflejadas en informes oficiales. Construyen relaciones de confianza, acompañan a personas que desconfían de los sistemas tradicionales y sostienen redes de apoyo que resultan indispensables en momentos de crisis.

Sin embargo, ese trabajo frecuentemente depende de presupuestos limitados, donaciones y esfuerzos humanos difíciles de sostener a largo plazo.

Reconocer su contribución implica también discutir cómo se distribuyen los recursos y quiénes tienen capacidad de decisión sobre las prioridades institucionales.

Una organización comunitaria no debería tener que demostrar constantemente que las personas a las que acompaña merecen dignidad.

Esa dignidad debe constituir el punto de partida de cualquier intervención pública.

La responsabilidad de Nueva York: demostrar que sus políticas protegen

El encuentro no ofreció una solución única a las tensiones entre seguridad pública, salud, inmigración y trabajo sexual.

Tampoco resolvió cómo responderán las autoridades municipales y estatales a las preocupaciones planteadas.

Pero sí permitió identificar una serie de exigencias que merecen atención: revisar el impacto de los operativos policiales, garantizar el acceso continuo a recursos de prevención del VIH, fortalecer los servicios médicos culturalmente competentes, examinar las consecuencias de las prácticas de criminalización y establecer mecanismos de participación comunitaria con capacidad real de incidencia.

Estas demandas deberían formar parte de una evaluación más amplia de las estrategias que se aplican en Roosevelt Avenue y otros territorios donde viven y trabajan comunidades migrantes.

Esa evaluación necesita datos públicos, transparencia institucional y mecanismos independientes para escuchar a las personas afectadas.

Debe considerar tanto la protección frente a delitos como los posibles efectos negativos de las intervenciones gubernamentales.

Y debe reconocer que una política no puede considerarse exitosa únicamente porque las autoridades afirmen haber recuperado el control de un territorio.

La seguridad también se expresa en la capacidad de recibir atención médica, conservar la estabilidad económica, denunciar una agresión y ejercer derechos sin discriminación.

Para las personas trabajadoras sexuales, esas garantías no deberían ser excepcionales.

Deberían formar parte de las obligaciones fundamentales de una ciudad que se presenta ante el mundo como un referente de diversidad, derechos humanos y oportunidades.

La ciudad que Nueva York afirma ser

Durante décadas, Nueva York ha construido parte de su identidad pública alrededor de la diversidad cultural, la inmigración y las luchas por los derechos civiles.

Pero esa identidad no puede sostenerse únicamente mediante discursos.

Se pone a prueba en los lugares donde las desigualdades son más visibles y donde las personas tienen menos posibilidades de influir en las decisiones que afectan sus vidas.

Roosevelt Avenue representa uno de esos escenarios.

Allí conviven historias de migración, trabajo, resistencia y construcción comunitaria. También se manifiestan las tensiones entre vigilancia, precariedad y el derecho de las personas a vivir con seguridad.

Las voces recogidas durante el encuentro no piden que las instituciones renuncien a su responsabilidad de proteger.

Exigen que esa protección tenga un significado real para quienes históricamente han sido excluidas de ella.

Porque una intervención no se convierte en una política de derechos humanos por el simple hecho de presentarse como una operación de rescate. Y una estrategia de seguridad no demuestra su eficacia únicamente mediante el número de arrestos o establecimientos clausurados.

Su legitimidad también depende de sus resultados sobre la vida de las personas.

Al final, la pregunta que queda pendiente para las autoridades de Nueva York es tan sencilla como incómoda: ¿De qué sirve prometer seguridad a una comunidad si esa misma comunidad continúa denunciando que las medidas adoptadas para protegerla están aumentando su miedo?

Responderla exige más que declaraciones institucionales. Exige evidencia, responsabilidad política y voluntad de escuchar.

Y, sobre todo, exige reconocer que las personas trabajadoras sexuales, migrantes y transgénero no son un problema que deba desaparecer del espacio público.

Son personas con derechos, experiencias, necesidades y voces que deben ser parte de cualquier respuesta construida en su nombre.

La verdadera medida de una ciudad segura no es cuánto poder puede ejercer sobre sus comunidades más vulnerables, sino cuánta protección, dignidad y libertad es capaz de garantizarles.